El sentido común está en ruinas

Las leyes están para cumplirlas, pero no para perpetuarlas en el tiempo si se alejan de sus objetivos. La normativa que regula el tratamiento de los inmuebles y edificios en ruinas de nuestra provincia requiere de una revisión para que las medidas que se adopten sobre ellos sean más rápidas y efectivas. La languidez con la que nos estamos acostumbrando a observar el desarrollo de los contenciosos administrativos impide que se pueda actuar sobre algunas ruinas que suponen un peligro para los ciudadanos.

Hace no mucho, el fenómeno Okupa se instaló en un sinfín de páginas en los medios de comunicación. Fue un movimiento que adquirió notable protagonismo. Ahora apenas copa portadas, pero sigue estando presente. Hay casas en nuestros alrededores ocupadas por ‘inquilinos’ a coste cero, que no pagan impuestos; capaces de conectarse a la red eléctrica municipal y que ni siquiera cuidan de nuestro entorno. Muchos, desgraciadamente, lo harán por necesidad, pero la solución no pasa por dar una patada a la puerta y decir esta casa es mía.

Ante la desatención de los propietarios debe actuar la autoridad. Las leyes tienen que intervenir con celeridad para que del hábito no se dé paso a la costumbre del libertinaje. No es suficiente con esperar a las legislaciones estatales sobre la ‘ITV’ de los edificios. Hace falta la implicación de los ayuntamientos, en quienes recaen las competencias sobre vivienda. Tampoco vale ampararse en el hecho de que son “casos aislados”, como asegura Julio Sagasta, jefe del servicio de Arquitectura y Patrimonio Cultural de Elche. Los consistorios han de actuar. Y con celeridad.

De la misma manera, otro tema a tener en cuenta ya no es sólo el número de construcciones que empiezan a desmoronarse ante nuestros ojos. Existen muchísimas viviendas que sin estar en ruinas, permanecen abandonadas y cerradas. Mientras, hay personas en la calle que necesitan de un techo. Lo más sangrante es ver cómo los mayores terratenientes son los bancos, capaces de embargar al que no paga para encima seguir exigiendo la deuda. La dación en pago es la fórmula menos mala, pero los bancos deberían apelar al sentido ciudadano para sacar a subasta las propiedades al precio del capital prestado sin exigir hasta el último céntimo de los intereses.

Y luego tenemos esos edificios que dibujan nuestro paisaje y a los que nos hemos acostumbrado a ver en un estado lamentable. En Alicante tenemos los edificios de la zona de Nou Alcolecha. Y en Elche, el famoso hotel Los Arenales, por el que han tenido que pasar 36 años para que se inicie su reconstrucción. Ahora todos los políticos quieren ponerse la medalla de un (des) bloqueo que ha mantenido frenada la expansión de una de las mejores costas de nuestra provincia. Está claro que en la política, como en la vida, el éxito tiene muchos padres y el fracaso es huérfano, pero lo que parece más evidente es que el sentido común también está en ruinas.

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