“Había 45.000 personas dependientes que teniendo derecho a las ayudas estaban fuera del sistema”

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Begoña Monllor, integrante del Grupo Municipal Compromís per San Vicent

Begoña Monllor, integrante del Grupo Municipal Compromís per San Vicent y edil en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, muestra la nueva situación del municipio con respecto a las nuevas medidas sociales para personas dependientes. El Estado contribuye cada vez menos y en los años de crisis se han aumentado aún más los recortes de ayudas.

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, más conocida como la Ley de Dependencia, resulta una ley fundamental que crea un sistema de autonomía y atención a la dependencia. Mediante esta ley se ayuda con un conjunto de servicios y prestaciones a las personas dependientes.

En España las prestaciones económicas han sufrido graves recortes. “En la Comunidad Valenciana existía un retraso de 45.000 expedientes, es decir, personas que teniendo derecho a las ayudas estaban fuera del sistema” declara la edil y añade que el plan que se ha marcado Conselleria es resolver cada año aproximadamente 22.500 o 22.800 expedientes al mes. Estos cambios no se están produciendo a nivel nacional, estas mejoras se están realizando en la Comunidad Valenciana. “Este año para mejorar todo el sistema de la Ley de Dependencia lo que ha hecho Conselleria  es destinar 23,8 millones de euros”.

El caso de cada Comunidad Autónoma es diferente respecto a la lista de espera para conseguir prestaciones. En muchas no se han realizado mejoras, pero la Generalitat Valenciana ha revisado un total de 11.205 expedientes en los últimos 3 meses y lo que se ha impulsado es subir las ayudas a la dependencia que se otorgaban en función de la renta económica de las personas. “Se ha realizado una revisión y se ha eliminado el criterio de la capacidad económica, se han podido elevarlas cuantías y de esta manera el 86,1% de los expedientes revisados pasarán a cobrar el máximo establecido por el estado”, según Begoña Monllor. Unas 10.000 personas aproximadamente van a pasar a cobrar el máximo establecido. Junto a esto también se realizará un cambio en la aplicación de la ley, los casos de una prestación económica vinculada al servicio residencial, los grandes dependientes van a poder llegar a cobrar hasta 833 euros mensuales y en los casos de prestación por cuidador no profesional variarán desde los 153 euros para las personas con un grado de dependencia moderado hasta los 442 euros para los grandes dependientes.

Por otra parte, lo que se ha logrado es la eliminación de un copago confiscatorio que había oculto, es decir, te pagaban por un lado pero te lo descontaban por otro que estaba impulsado por el anterior Consell. “Eso generaba muchas diferencias y dificultades para muchas familias porque suponía una rebaja en las prestaciones muy graves, que hacía que las personas estuvieran en una situación aún más difícil”, manifiesta la integrante de Compromís. Otro cambio impulsado es que desde este año las personas con diversidad funcional han dejado de copagar en los centros de atención diurna. Unos 12500 usuarios han visto aumentado el dinero que reciben.

Esta propuesta de nuevas medidas sociales en San Vicente del Raspeig no ha sido únicamente impulsada pro Compromís, ha sido una propuesta conjunta de la coalición de gobierno.  Todos los temas son consensuados por el cuatripartito.

“Estas ayudas también incluyen a personas de la tercera edad que necesitan atención y que son cuidados por sus hijos o están en centros de día”, afirma la edil. Pero el gran cambio que se va a producir es trasladar competencias a las administraciones locales, a los ayuntamientos. Según explica Begoña Monllor, se van a trasladar las competencias para que las concejalías puedan valorar. Anteriormente se mandaba el expediente a Conselleria y allí se hacía una valoración para conceder una ayuda económica, “eso retrasa todo el proceso”, explica la concejala. Lo que se está impulsando ahora es trasladar esas competencias a los ayuntamientos. Se va a dotar de personal para realizar estas funciones, se va a destinar a los ayuntamientos para que puedan valorar allí en cada municipio las ayudas que se van a conceder. “Se intenta acelerar el proceso, porque es un tema urgente, las personas lo necesitan”, expone Begoña Monllor.
Por ello el objetivo de estas medidas sociales de Compromís per San Vicent es el de garantizar una vida digna para todos y donde exista una garantía de derechos.

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