“La responsabilidad de que un edificio esté en condiciones es del propietario”

El reloj corre sin piedad. El incontrolable avance del tiempo también pasa factura a esos edificios que dibujan el escenario que se levanta en las calles. Cada vez hay más inmuebles en Alicante que ceden al deterioro, con un estado de abandono y dejadez que nada tiene que ver con sus mejores momentos, aquellos en los que nadie podía imaginar que ahora serían las ruinas del presente. Miguel Ángel Campos (Alicante, 1967), jefe del Departamento de Conservación e Inmuebles de Alicante, explica el proceso que determina sobre qué construcciones hay que actuar para mejorar su estado y evitar riesgos al ciudadano. Campos aclara que una de las funciones de la Administración es la de ejercer de puente informativo con los propietarios, que son los que tienen la obligación de mantener las propiedades en buen estado.

Miguel Ángel Campos, Jefe del Departamento de Conservación e Inmuebles de Alicante.

Miguel Ángel Campos, Jefe del Departamento de Conservación e Inmuebles de Alicante. / Imagen del  Twitter personal de Miguel Ángel Campos

Pregunta: ¿Qué proceso se lleva a cabo en el Ayuntamiento de Alicante para determinar qué edificios están en ruinas?

Respuesta: No se trata sólo de saber si un edificio está en ruinas o no, el proceso es más complejo. Existen acciones previamente señaladas por la ley y, sobre todo, por el sentido común. Existe el deber urbanístico de conservación, que está vinculado al crecimiento y al desarrollo de las ciudades. Ese es el objetivo de la ‘ciencia urbanística’. Por otro lado, la responsabilidad de que un edificio esté en condiciones de seguridad y habitabilidad, con unas mínimas condiciones de confort, no la tiene la Administración, sino los propietarios.

P: ¿Y cuál es la función de la Administración?

R: Nuestra función es informar al propietario que tiene fallos en su propiedad y que debe arreglarlos. Lo normal es que actúa con el primer toque de atención. Si no es así, se pueden imponer multas para recaudar el importe de la reparación. Con ese dinero, el Ayuntamiento debería ejecutar la reparación. El problema es que chocamos con la legislación porque no se puede operar en una casa sin el consentimiento del propietario, salvo que el juzgado lo autorice. En algunos casos, el riesgo es tan alto que es necesario derrumbar el edificio. También existen edificios declarados en ruina legal, es decir, cuesta más repararlos que tirarlos y hacerlos nuevos. En cualquier caso los propietarios tienen el 100% de la decisión. Con el aviso de los problemas del edificio, se elabora un primer informe con medidas cautelares a adoptar y el plazo en el que se debe de actuar. A continuación, se producen las notificaciones a los propietarios. Si no se les encuentra, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP). A partir de ahí ya podríamos empezar las obras.

P: La notificación mediante el BOP o la búsqueda del propietario supone, como mínimo, un mes de espera. ¿Qué medidas cautelares pueden adoptarse para minimizar los posibles riesgos?

R: Depende. Las medidas mayoritarias son las que afectan al espacio público. El resto son para proteger la integridad del edificio, su cáscara y su estabilidad estructural. La fachada, por ejemplo, se suele cubrir con redes protectoras o bandejas, que la estabilizan. Las medidas cautelares previenen el riesgo hasta que lleguen las definitivas.

P: ¿Se actúa de igual manera en las propiedades que existen en el término municipal que en las se hallan en el espacio rural?

R: Sí. Somos conscientes del riesgo de las casas de campo porque la mayoría no están valladas y suponen un peligro para los excursionistas. Antes que derribar, se tapian. Otro problema son los solares, que también son bienes e inmuebles. El suelo urbanizable es el ámbito de movimiento de nuestro Departamento.

P: Con respecto a las multas, si el propietario no paga ¿se procede por vía judicial para que el Ayuntamiento pueda actuar?

R: Se procede por vía ejecutiva, como sucede con una multa de tráfico. Lo ideal sería actuar rápido, aunque te encuentras con el impedimento judicial. Nunca se ha dado el caso de que a la segunda o tercera multa el propietario no haya pagado.

P: ¿Tienen regularizadas las inspecciones técnicas que evalúan el estado de los edificios?

R: Los propietarios tienen la obligación de presentar lo que antes se conocía como la inspección técnica de edificios, que ahora es el informe del estado de la edificación y se exige cada cinco años. Según la ley, los propietarios de edificios de más de 50 años tienen que revisarlos e informar al Ayuntamiento. El problema es que una cosa es que lo diga la ley y otra que se aplique. Si no se aplica la ley, el Ayuntamiento pasa a ser responsable. Cada localidad es diferente y es necesaria una ordenanza particular para cada ayuntamiento que acote los parámetros que hay que ver, en qué condiciones son seguros y cada cuanto tiempo.

P: En Alicante, ¿existe esa ordenanza?

R: Hay un proyecto de ordenanza que inicialmente se aprobó y que ahora está en proceso de revisión por alegaciones. Es algo simple y debería ser más completa y profunda. Debería contar con una parte dedicada a las ayudas. En cualquier caso, la ordenanza y el control son muy necesarios.

 

Realizado por: Monserrate Hernández Marcos, Manuel Martín-Albo Martínez, José Antonio González García y José Miguel Gracia Martínez.

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