La tercera edad y su INdependencia

Aunque no deberían plantearse dilemas éticos en la asistencia geriátrica diferentes a los que surgen entre otros grupos de edad, estudios demuestran que sí existen. En la actualidad, la esperanza de vida aumenta, pero también, a pesar de los avances médicos y el desarrollo de las ciencias biomédicas, se vive más años enfermos y con dolores. «Es una buena noticia el hecho de que la esperanza de vida de los españoles esté aumentando, pero a la vez está aumentando la pérdida de salud por enfermedades o achaques ligados a la edad», señala  Alberto Ortiz, vicedecano de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.

Este fenómeno asocia que la vejez implica una merma de facultades por lo que un mayor grado de dependencia. Todo ello supone un crecimiento mayor de las demandas de sanidad y un incremento en los costes de la asistencia sanitaria que hoy no pueden permitirse.

Abuelitos jugando al bingo/ A.Fischer

Abuelitos jugando al bingo/ A.Fischer

Tanto sanidad como la sociedad actual con los años han cambiado. Antiguamente, las familias representaban una unión auto suficiente en la que los mayores cuidaban de los más pequeños y éstos, a su vez, se ocupaban de sus educadores. El ritmo de vida se acelera y las familias cada vez tiene menos tiempo para cuidar de sus abuelos, padres, etc; “yo ya no puedo hacer la vida que hacen mis hijos, me sacan a pasear y a comer pero mi casa es esta”, afirma Asunción Ramón, paciente de la residencia El Paular. Factores como la necesidad de salir al mercado laboral y la escasez de espacio en las viviendas determinan que las familias ya no puedan o no sean capaces de asumir los cuidados que éstos requieren. “Hay que dotar a los centros de algún tipo de ayuda para poder contratar a más gente”, apunta Mónica Selles, Técnica en Animación, TASOC.

Esto deriva a la exigencia de mecanismos sociales como residencias, servicios de día y demás centros hospitalarios; pero la precariedad financiera en la que se está instalando el país no es una buena noticia para el sector, que cuenta en torno a 1.500 centros públicos pero casi 4.000 privados. Del total de plazas residenciales que hay en España, más del 70% lo son en centros privados; y reduciendo un poco el abanico, Alicante dispone de 13 centros de la tercera edad y apenas 4 son públicos.

Pagar para vivir

Sumado a lo anterior, se conoce que en los últimos años la sanidad pública española ha perdido casi 10.000 de euros durante la crisis. Cifras que afectan de lleno a las residencias de ancianos, tanto privadas como públicas. Las consecuencias son catastróficas ya que esto produce unas grandes reducciones de plantilla, impagos a trabajadores, escasez de recursos sanitarios…esta no es una situación distinta a la que atraviesan otros sectores, pero la carencia financiera de las residencias de ancianos afecta a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad. “El personal es muy justo y cuesta hacer todo el trabajo. Yo diría que abarcamos un 70% de lo que se debería, tanto en tiempo como en personal”, apunta Jessica Marmol, enfermera de la residencia El Paular, “los usuarios nos reclaman constantemente, ya sea para pedir algo o contarnos la tarde con su familiar”, puntualiza.

Según el informe sobre precios de residencias privadas en España que publica inforesidencias.com, la tarifa de los centros no deja de subir considerablemente. Entre 2001 y 2014 el precio medio de una residencia ha incrementado en un 54,3%, lo que supone un 3,8% anual en el plazo de catorce años. Esto quiere decir que el precio medio exacto de una residencia en la provincia ronda los 1.600 euros al mes. Sin tener en cuenta que a los pacientes con mayor dependencia el precio les aumenta. “Los pacientes que peor están y requieren una mayor atención pagan más, bastante más”, confirma Lilias Solaz Araujo, auxiliar de enfermería del centro El Paular.

Fede dibujando/ A.Fischer

Fede dibujando/ A.Fischer


 De las residencias a los hogares. La ley de dependencia

Y en esta ecuación falta la variable de mayor peso: los usuarios que, impulsados por las circunstancias económicas, no pueden permitirse ellos mismos los cuidados que necesitan. Aquí es cuando cobra protagonismo la ley de dependencia. La ley universal que se encarga de proporcionar, a todos los ciudadanos españoles que no puedan valerse por sí mismos, una subvención para su cuidado aunque no siempre de forma profesional. A decir verdad pocos son los que pueden disfrutar de esta ventaja. “Los cobros nos están tardando una barbaridad por cómo está la situación pero sí que tenemos un 20% de residentes que la reciben, los cobros llegan tarde pero llegan”, afirma Ana Cameros, trabajadora social y supervisora de la residencia El Paular.

Desde la subida del PP al gobierno y la reducción paulatina del Estado de Bienestar y la igualdad, las listas de espera para este servicio aumentan día a día y todos los datos sobre la ley son negativos. En este año, sin ir más lejos, la lista de solicitudes ha aumentado en unas 300.000 peticiones más. Según el último dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, 12 de las 17 comunidades suspenden en la aplicación de los programas de ayudas, ya que con la dotación actual sólo hay capacidad para atender a 750.000 personas dependientes de las 1.191.406 que hay.

De la justicia a la desatención

Por la falta de recursos económicos, inquietudes laborales y una lista interminable de inconvenientes que no favorecen el bienestar del anciano surge el maltrato. El principio ético de la no maleficencia prohíbe causar daño intencionadamente a los demás, lamentablemente, ese principio no se cumple en  muchas ocasiones y el maltrato al anciano existe.

Debido al grado de dependencia el anciano se vuelve un ser vulnerable a este tipo de actos, ya sea maltrato físico, psicológico o emocional. “No se maltrata pero sí se va rápido, no se les trata con la delicadeza que se merecen”, señala Solaz, “nosotras intentamos hacerlo lo mejor posible pero en ocasiones el tiempo no juega a nuestro favor”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su último informe señalaba que hasta hace poco este problema social se ocultaba a la vista del público y se consideraba como un asunto privado. Incluso hoy en día, el maltrato de los ancianos sigue siendo un tema tabú, con lo cual subestimado y desatendido por sociedades en todo el mundo. A pesar de ello, fundaciones y sociedades de ancianos, luchan sin descanso para combatir este tema tabú que se dice pero real. Mariana Cortijo, residente de El Paular, “a mí me tratan muy bien, yo no tengo queja, pero tododepende del carácter de cada uno, hay algunos que de nada se enfadan y no aguantan nada…”.

Los últimos datos recogidos por la OMS estiman un 12% de personas mayores que declaran haber sufrido malos tratos; sin contar el número de ancianos que por miedo se niegan a denunciar si han sido agredidos. La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) apunta que entre el 2 y el 3% del colectivo de personas mayores de 65 años que vive en la Comunidad Valenciana puede estar sufriendo algún tipo de maltrato.

Si bien, es totalmente cierto, que la posibilidad de afrontar eficazmente el problema mundial del maltrato a los ancianos resulta imposible sin un compromiso político, una base sólida en derechos humanos y un apoyo jurídico favorable a la eliminación de este problema. “Los problemas de la medicina como rama del Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría”, la solución ya la daba Ramón Carrillo hace casi un siglo.

Audios de las entrevistas

Galería fotográfica 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *