Polémica en las aulas

El nuevo curso 2015/2016 comienza en unas semanas y la llegada del plan de enseñanza 3+2 marca la diferencia entre universidades públicas y privadas

 

Manifestación de estudiantes rechazando el decreto 3+2 / Creative Commons

Manifestación de estudiantes rechazando el decreto 3+2 / Creative Commons

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de febrero un decreto que permite a las universidades reducir la duración de los grados de cuatro a tres años, para adaptarse al modelo 3+2, que presenta tres años de grado y dos de máster. El principal motivo expuesto por el Ministerio de Educación y Deporte era la posibilidad de alcanzar a los sistemas educativos del resto de países que conforman la Unión Europea, pero los cambios repentinos en el sistema de educación no han gustado a estudiantes de los centros de enseñanza superior públicos ni al profesorado, quienes indican que la gestión del tema por parte de los mandatarios se está realizando de manera precipitada. “Estamos hablando de que con 3 decretos sin gestionar va a cambiar la estructura de la educación superior de nuestro país y la fisonomía de nuestro sistema universitario. Creo que la irresponsabilidad está patente con respecto a la actuación de nuestro gobierno”, indica el Secretario General de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Francisco García, quien explica que la gestión de la enseñanza en este país, sobre todo con el caso 3+2, es llevada “por la puerta de atrás”, e indica que este cambio repentino no es más que una forma de recorte en la educación pública.

La actualidad de este caso ha estado latente durante los meses de verano con la llegada en septiembre de los nuevos grados de 3 años en diferentes universidades privadas de España. En centros como la Universidad Camilo José Cela de Madrid, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona o la Universidad Católica de Murcia se ofertan grados de tres años en Comunicación, Relaciones Internacionales, Criminología o Economía, entre otros, con especialización de dos años mediante un máster. La internacionalización de los estudios es el principal objetivo por el que estas universidades han implantado ya un sistema vigente en países como Alemania o Francia, y motivo principal por el que estos centros derogan los planes antiguos de educación: “Cabe recordar que el régimen de 250 créditos que hemos tenido hasta ahora dificulta la internacionalización del sistema, lo que desencadena un conflicto enorme para los alumnos a la hora de realizar un intercambio internacional,  así como el reconocimiento  de los títulos en Europa”, explica la Delegada de Comunicación de estudiantes de la Universidad Católica de Murcia, Sandra Sánchez.

Universidad Católica de Murcia / Fotografía cedida por la UCAM

Universidad Católica de Murcia / Fotografía cedida por la UCAM

 

Cuestión de números

A pesar de que el Gobierno y los centros defensores del 3+2 se abanderen la idea de internacionalización para establecer este método de educación, las consecuencias a nivel económico son alarmantes y la diferencia entre el valor de una carrera bajo el Plan Bolonia y otra bajo el Plan 3+2 son motivos suficientes para que las universidades públicas no acepten este sistema de educación superior: “Con el nuevo plan de estudios cada curso universitario anual estaría en torno a los 1.800 euros. En lo referente a los másteres, éstos valdrían 4.000, 5.000 euros o más al año, porque no se ofrecen a precios públicos sino que cada centro o institución les aplica las cantidades pertinentes y los estudiantes pagarían el 100% de lo que cuesta”, explica el Secretario General de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Francisco García.

Esta drástica subida de precios tendría como consecuencia la limitación de ciertos estudiantes para acceder a un grado universitario. Un estudio realizado en 2010, anterior a la aplicación de Bolonia, por investigadoras del Grupo de Investigación en Educación y Trabajo de la UAB (GRET) mostraba las desigualdades de clase a la hora de acceder a los estudios superiores. Los estudiantes de clase trabajadora eligen su carrera de forma diferente a los de clase media o alta y un factor clave, además de la inserción laboral o las posibilidades de éxito, es la duración. Los jóvenes de clase trabajadora apuestan mucho más a menudo por carreras de tres años, lo que entonces eran diplomaturas, títulos de maestros o ingenierías y arquitectura técnicas.

A simple vista, los grados de tres años que ofrece el 3+2 sí podrían beneficiar a los estudiantes de clase trabajadora. Esto sí, la situación de desigualdad sigue sobre la mesa, porque estos estudiantes harían una elección limitada debido a la reducción del grado y la necesidad de estudiar un máster que estaría por encima de los 4.000 euros.

Respuesta de los estudiantes

Las estadísticas muestran datos poco favorables que sostengan este nuevo plan de estudios y los propios estudiantes han reivindicado en ocasiones anteriores su negativa mediante diferentes movilizaciones y huelgas a lo largo de todo el curso 2015. “El colectivo de estudiantes no se cree que el 3+2 sea un ahorro para las familias y que lleguemos a equipararnos con Europa. Esta ley supone un golpe “mortal” para la educación universitaria y acarreará un modelo de sociedad clasista, elitista y capitalista”, expresa la delegada y estudiante de Ciencias Económicas en la Universidad de Alicante, María Coto.

Por su parte, los centros que sí abogan por este sistema defienden la necesidad de especializar al estudiante frente al alto número de graduados universitarios que se da año tras año, por lo que el 3+2 será beneficioso para los alumnos y los dotaría de una educación de calidad y diferenciada: “Nuestra intención a la hora de implantar el 3+2 es que salgan estudiantes cada vez más preparados. Ahí está la clave del nuevo plan de educación, en la revalorización del máster que diferencie a un estudiante de otro”, comenta la Delegada de Comunicación de estudiantes de la Universidad Católica de Murcia, Sandra Sánchez.

A pesar de los distintos beneficios que, según los centros a favor, pueda ofrecer el 3+2, los estudiantes y los centros de educación pública lo tienen claro y desechan la posibilidad de implantar un nuevo sistema a corto plazo: “Incluso los rectores tachan de imprudente esta nueva medida, la cual generará caos en unas universidades donde conviven las licenciaturas, los grados del Plan Bolonia y ahora el 3+2 en menos de 6 años”, expresa el delegado y estudiante de Derecho en la Universidad de Alicante, Pablo Moreno.

Las opiniones respecto al 3+2 son diversas, pero todas dejan al descubierto una necesidad clara dentro del sistema educativo español: la creación de un modelo único aprobado por todos los grupos políticos y los diferentes sectores de la educación, que sea independiente a cualquier situación económica del país y a la vez igualitaria para todos los estudiantes que deseen optar a una educación pública de calidad.

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